El Grupo Parlamentario de Junts Per Catalunya registró el 24 de febrero sus enmiendas al texto del Proyecto de ley de función pública, que está en la fase final de tramitación, encontrándose en la actualidad la Comisión de Función Pública elaborando su informe propuesta sobre las más de 300 enmiendas presentadas. Entre ellas se encuentra la presentada por dicho grupo para lograr el traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña en materia de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, con el mismo alcance que las realizadas al País Vasco en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre y la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, instrumentándose del mismo modo una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, habiéndose firmado un acuerdo ahora con Junts y hace unos meses con la Generalitat de Cataluña.
COSITAL, representando al colectivo de acuerdo con la normativa vigente, ha reiterado su más rotundo rechazo a este tipo de traspasos competenciales injustificados. Además, ha llevado a cabo todas las acciones a su alcance para impedir que se materialicen, y continúa en esa labor. Esas actuaciones han incluido contactos con todos los grupos políticos y, sobre todo, con los que pueden decidir con sus votos el éxito de las propuestas en las Cortes Generales. También la presentación de todo tipo de recursos, y la elaboración de fundamentación jurídica para buscar alianzas en la presentación de estos. Están ahora en tramitación una cuestión de inconstitucionalidad frente al RD-ley, y recurso de inconstitucionalidad frente a la LO. Nuestra estrategia está teniendo éxito hasta el momento en el caso del País Vasco, habiendo conseguido paralizar la totalidad de los procesos iniciados, y habiéndose declarado la inconstitucionalidad de la primera ley.
COSITAL, por tratarse de una institución democrática en su funcionamiento, y en relación con la convocatoria para el día 11 de junio, ha efectuado una consulta a sus colegiados a través de los Consejos Territoriales para valorar la adhesión a una movilización de este tipo. Tras procesar las casi 1.000 encuestas recibidas, la opción mayoritaria ha sido la de la protesta virtual masiva organizada por medios telemáticos, con el 74,3% de los votos favorables emitidos. Esta alternativa se consideró eficaz para la defensa del objetivo, atendiendo a su dispersión y la dificultad de sus desplazamientos. El proceso de protesta virtual se inició ayer, día 10 de junio y se mantiene abierta, habiendo obtenido ya más de 2.000 firmas de apoyo en solo 24 horas. Sus resultados serán públicamente difundidos a todo tipo de medios. Se ha solicitado también a FEDECA, la convocatoria de una concentración general de sus asociaciones, buscando más alianzas para este asunto y otros que puedan afectar al conjunto de los empleados públicos.
Seguimos insistiendo en la necesidad de unidad de acción del colectivo, lo que nos exige actuar con contundencia, pero igualmente con objetividad, profesionalidad y neutralidad. Esta batalla no termina el 11 de junio. COSITAL seguirá realizando todo tipo de acciones y movilizaciones, con el objetivo de mantener un ejercicio profesional de las funciones y garantizar la calidad de los servicios públicos, evitando posicionamientos personalistas o políticos.
Desde COSITAL exhortamos al Gobierno de España a que nos convoque para dar audiencia al colectivo afectado. Un funcionamiento acorde a la Constitución de las instituciones debe fomentar la negociación, de la misma forma que se hace con el resto de los agentes sociales, sin adoptar medidas unilaterales, claramente incompatibles con los principios democráticos que ordenan nuestro sistema jurídico e institucional. Nuestra tarea históricamente ha sido defender a todos los habilitados sin distinción y seguiremos avanzando por esa senda.